Una gallega denuncia al Gobierno por los aditivos que lleva el tabaco
Una mujer de 60 años, soltera y de A Coruña se ha convertido en la primera persona gallega que ha denunciado penalmente a altos cargos del Ministerio de Sanidad por permitir que el tabaco al que está enganchada y que le ha provocado una enfermedad de pulmón se venda con todo tipo de sustancias que son tóxicas, cancerígenas y adictivas.
La de esta mujer, que por el momento quiere mantenerse en el anonimato, es una de las más de cuarenta denuncias que en dos días se han presentado en juzgados de toda España con la misma base, la proporcionada por el bufete Osuna, una firma de letrados andaluza. La primera demanda fue en Palma de Mallorca y ahora las hay en Barcelona, Valencia, San Sebastián, Sevilla, Logroño, Huesca y Ciudad Real.
La denuncia de la coruñesa, como las otras, reclama responsabilidades penales al secretario general de Sanidad y Consumo; el director general de Salud Pública, Calidad e Innovación; al presidente para el comisionado del mercado del tabaco; y otros cargos que sean responsables por sus funciones. Para ella, «las autoridades sanitarias actúan de forma negligente por permitir que se introduzcan muchas sustancias nocivas y adictivas» al tabaco.
La acción penal «no se centra en el tabaco, la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono» que tienen los cigarrillos, porque esas son sustancias que los fumadores saben que consumen, y «aún así eligen consumir ejerciendo su libre albedrío», pero en cambio sí se denuncian «las casi tres centenares de sustancias que la propia industria ha admitido ante la Administración estatal que añade a los cigarrillos, la mayoría cómo ?aromatizantes?, muchas de las cuales están reconocidas internacionalmente como adictivas, tóxicas y/o cancerígenas». Para la denunciante lo grave es que «el consumidor no sabe» lo que fuma y si todo eso es inocuo, para lo que el Estado debería exigir a las tabaqueras que «proporcionen pruebas de su inocuidad».
La denuncia, al ser por la vía penal, puede suponer penas de cárcel y/o inhabilitación a los denunciados, además de conllevar una indemnización económica para el denunciante.
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