Desde el año pasado, Colombia avanzó en una política pública de restricción al consumo de derivados del tabaco en espacios cerrados o, mejor, en la generación de espacios libres de humo, entre los cuales figuran miles de bares y discotecas del país, que no cuentan con espacios verdaderamente al aire libre.
Es absurdo observar cómo tres o cuatro legisladores, desconociendo el apoyo mayoritario que ha recibido la Resolución 1956 del Ministerio de la Protección -que busca ser ley de la República con el proyecto del senador José David Name-, pretenden, desde la Comisión VII de la Cámara, defender unos pocos intereses particulares.
Desconocen que 90 por ciento de los colombianos consultados en una encuesta respaldan la medida. Esta cifra incluye un apoyo, también mayoritario, de población fumadora que ve en la norma no una restricción del consumo, sino un llamado a no hacerlo en espacios cerrados frente a una población generalmente no fumadora.
Es indispensable precisar que dicha minoría consumidora no supera el 5 por ciento de los asistentes a los establecimientos públicos. Es fácil deducir que el impacto en las ventas totales de los bares ha sido mínimo, si no, nulo.
Los administradores, bar tenders, meseros y demás personal que laboramos en estos negocios somos la población más expuesta al humo de cigarrillo, en jornadas de trabajo de hasta 17 horas (el horario legal para la venta de licor en Bogotá es de 10 a.m. a 3 a.m.).
Además, está el impacto económico que genera el consumo de cigarrillo en las finanzas de los establecimientos: inversiones cuantiosas en pintura constante, tapicería de los muebles, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de audio y luces que tienen en la nicotina y en las más de 1.600 sustancias químicas derivadas del humo a sus peores enemigos.
Las preguntas hoy son: ¿de qué sirve la muerte de más de 25.000 personas por causas asociadas al consumo de tabaco?, ¿de qué sirvió la muerte de Marco López, administrador de un bar en el centro de Bogotá, quien falleció al informar e impedir que un cliente fumara en el interior de su establecimiento, buscando el bien público?, ¿de qué sirve que actualmente el pueblo, con apoyo mayoritario y respaldo demostrado con un comportamiento cultural positivo frente a la norma, la respeta y cumpla, si algunos representantes a la Cámara desconocen esta voluntad y mandato?
Firmemente, nos paramos en la puerta y les decimos: "¡Qué pena, señores, pero a este bar no entra ningún mico en la ley".
CAMILO OSPINA
PRESIDENTE ASOBARES
www.asobares.org
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