CiU e IU apoyan la 'guerra total' al tabaco y el PP no se pronuncia
Sanidad quiere acelerar la tramitación de la ley en comisión parlamentaria
ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 04/01/2010
El Ministerio de Sanidad quiere que la nueva ley antitabaco, que incluirá la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados, entre en vigor cuanto antes y tras lograr la unanimidad en el Parlamento. Izquierda Unida y CiU apoyan el cambio, aunque el PP no se quiso pronunciar ayer. Para acortar plazos, la ministra, Trinidad Jiménez, quiere tramitar la ley directamente a través de la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que están representados todos los grupos políticos. La norma se tramitaría a propuesta de la comisión, como una proposición de ley que incluirá reformas a la ley existente.
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El PP no quiso pronunciarse ayer sobre el endurecimiento de la ley antitabaco. La ministra aseguró ayer, en una entrevista con EL PAÍS, que ningún grupo parlamentario le había mostrado rechazo a la prohibición total, pero la responsable de Sanidad del PP, Ana Pastor, evitó confirmarlo: "Todavía no tenemos un texto encima de la mesa. Depende de cómo se articule. Es una ley de salud pública y hay que verla en todos sus extremos". Lo que sí quiso dejar claro es que su partido va a pedir que la tramitación se haga "vía Gobierno", es decir, mediante un anteproyecto de ley que se discuta en el Pleno del Congreso.
Pastor quiere que la reforma pase por el Consejo Interterritorial y por el Consejo de Estado. "Qué menos que contar con un informe de las comunidades, cuando son ellas las que tienen casi todas las competencias en salud pública", añadió.
El Ministerio de Sanidad aseguró ayer que llevará el documento al Consejo Interterritorial "para su conocimiento y debate" una vez se llegue a un acuerdo con los grupos parlamentarios. Una portavoz precisó que no será necesario un informe positivo, pero insistió en que "el deseo de consenso domina todo el proceso y queremos que siga así en el consejo".
El cumplimiento de la actual ley antitabaco, de 2005, ha sido muy irregular. Madrid, sin ir más lejos, aprobó en noviembre de 2006 un decreto mucho más permisivo que la ley. Entre otras cosas, permite fumar en los bares de los centros de trabajo y elimina la necesidad de separar físicamente las zonas de fumadores en los locales de más de 100 metros cuadrados. La titular del Ministerio de Sanidad en 2006, Elena Salgado, aseguró que el decreto de Aguirre suponía una "flagrante violación" de la norma estatal. Además de la norma madrileña, Salgado recurrió las de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla y León.
La aprobación de las comunidades díscolas en el consejo será clave para sacar adelante la nueva ley. El consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Manuel Cervera, del PP, es partidario de aplicar sin excepciones y con rigor la nueva ley antitabaco en la que trabaja el Gobierno, informa Jaime Prats. Sin embargo, critica la "improvisación" de la medida. Este periódico no pudo obtener la opinión de la consejería de Sanidad madrileña.
El Ministerio de Sanidad ha hecho llegar a los grupos parlamentarios un informe con datos sobre las diferentes leyes antitabaco en la Unión Europea. "Tenemos que actualizar la legislación para no quedarnos atrás. Primero éramos vanguardia y ahora somos retaguardia", aseguró ayer Gaspar Llamazares, diputado de IU y presidente de la comisión de Sanidad del Congreso. Países como Reino Unido, Irlanda e Italia ya han prohibido totalmente el tabaco en lugares públicos. IU presentó ya antes del verano una proposición no de ley que pedía modificar la ley en ese sentido. Su propuesta incluía subir los impuestos del tabaco, crear programas de apoyo a los ex fumadores e insertar publicidad negativa agresiva en las cajetillas.
CiU también está a favor de la prohibición total. Su portavoz de Sanidad, Conxita Tarruella, aseguró que "será fácil llegar a la unanimidad" que quiere la ministra. Pero su grupo pone una condición: que los restauradores que hicieron reformas para adaptarse a la ley anterior reciban algún tipo de ventaja fiscal para recuperar su inversión. "Seremos bastante exigentes en esta materia", añadió.
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