abc.es - 16 de Mayo de 2015 – España
El pasado abril se producía una convocatoria inusitada en las historia de las reivindicaciones laborales en nuestro país: un tercio de las 150.000 máquinas de tabaco -cifra ofrecida por los organizadores de los paros- instaladas en España «se desactivaban», en protesta por las sanciones impuestas por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a las tabaqueras por firmar «contratos ficticios» de publicidad entre fabricantes y marcas de tabaco.
El organismo regulador sostenía que los fabricantes —entre los que se encuentran multinacionales como Altadis, British American Tobacco, Japan Tobacco International y Phillip Morris— habían suscrito acuerdos para prestar servicios de información y mantenimiento de etiquetas cuyo único fin real era camuflar, bajo ese supuesto armazón de legalidad, un contrato de publicidad encubierta». Así se otorgaba prioridad a sus marcas «en máquinas expendedoras, asegurándose una presencia indebida, contraria a la demanda de los clientes».
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