Fumando espero...
La prohibición de consumir cigarrillo en espacios cerrados como restaurantes y bares, que rige desde el jueves pasado en todo el país, constituye uno de los retos en salud pública más importantes. El Ministerio de la Protección Social justificó la norma en la necesidad que tiene Colombia de empezar a contrarrestar los efectos nocivos que el humo causa en fumadores y no fumadores.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, la epidemia de tabaquismo, que en el país afecta a cinco millones de adultos y al 30 por ciento de los adolescentes entre los 12 y los 17 años, mata cada año a 25.000 colombianos; además, la atención y el tratamiento de los males derivados de su consumo le representan al sistema de salud gastos cercanos a los 2,2 billones de pesos anuales.
El hábito de fumar es uno de los principales factores de riesgo de cáncer (especialmente el de pulmón), de enfermedades cardio y cerebrovasculares, de males respiratorios agudos y crónicos, de impotencia sexual, de pérdida de masa ósea e, incluso, ha sido asociado con el deterioro temprano de funciones cognitivas y el envejecimiento prematuro.
Crear espacios ciento por ciento libres de humo de cigarrillo no es una medida caprichosa; de hecho, ha sido adoptada por decenas de países para darles cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que Colombia ratificó hace un año. Infortunadamente, la resolución carece de capacidad sancionatoria, por lo cual, para darle cumplimiento, las autoridades deben ampararse en normas anteriores, como la Ley 9a. de 1979 y el Código Nacional de Policía, que la mayoría de los dueños de bares, cafeterías, tabernas y discotecas han desconocido olímpicamente a lo largo de los años. Sin dientes, esta normatividad termina convertida en anillos de humo. No obstante, experiencias similares de otros países han mostrado que estas medidas son exitosas cuando la ciudadanía se adueña de ellas para exigir respeto a su derecho de contar con ambientes libres de humo.
En términos de salud pública, los espacios ciento por ciento libres de humo son un buen primer paso, pero para garantizar un control más adecuado del tabaquismo es necesario implementar una agenda más variada. Entre las medidas señaladas por el Convenio Marco están la inclusión en las cajetillas de advertencias sanitarias explícitas (textos e imágenes) sobre los daños que causa el cigarrillo, el aumento de precios e impuestos, la prohibición de venta a menores de edad y la restricción de la publicidad.
Debido a los intereses que hay detrás del comercio del tabaco, no será fácil, como lo reconocen los congresistas que han promovido proyectos antitabaco y han sido objeto de presiones, generar una legislación que incluya estos componentes. Algunos sectores sostienen que, para evitar las injerencias indebidas, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, debería presentar y defender un proyecto que recogiera las principales recomendaciones del Convenio. No obstante, para lograrlo será necesario armonizar las opiniones encontradas que tienen otras carteras.
Tarde o temprano, el país deberá avanzar en esta materia. Nadie cuestiona que el tabaco es un negocio legal que le aporta impuestos al país; pero tampoco puede desconocerse que, hoy, el Estado gasta más de lo que recibe por ese concepto atendiendo los daños que causa su consumo.
Tomado de:
http://www.eltiempo.com/opinion/forolectores/fumando-espero_4710352-1
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